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Discapacidad intelectual: Un debate por la ampliación moderna de derechos, en una realidad (todavía) del medioevo

Discapacidad intelectual: Un debate por la ampliación moderna de derechos, en una realidad (todavía) del medioevo

España vive un proceso de ampliación de derechos digno de un país desarrollado.

Hace pocos días, el Congreso del país aprobó la reforma de la Ley Electoral que permite que 100.000 personas con discapacidad intelectual puedan votar.

Ahora, el partido Ciudadanos quiere ir por más.

Impulsa la reforma del Código Penal para prohibir la esterilización forzosa o no consentida de personas discapacitadas.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, un millar de personas con discapacidad intelectual fueron sometidas a esas prácticas en las últimas décadas, en su mayoría fueron mujeres.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera quiere que España cumpla con las recomendaciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por ese país en 2008.

Esa Convención invita a los países parte a que tomen medidas contra la discriminación este colectivo en cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales.

En concreto, llama a respetar su derecho a decidir libremente y de manera responsable sobre el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, así como a tener acceso a información y educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad.

La esterilización forzosa de personas con discapacidad es una práctica generalizada en el mundo.

Según estimaciones de Naciones Unidas, mil millones de personas viven con discapacidad y experimentan grandes desventajas sociales en el mundo entero.

El fenómeno golpea en mayor medida a las mujeres que a los hombres.

Esta cuestión de género, combinada con la edad de las personas con discapacidad, constituye un caldo de cultivo para prácticas que violan los derechos, especialmente de las niñas.

ONU reconoció que la esterilización forzada de personas con discapacidad es una modalidad de tortura.

Este fenómeno está presente en muchos países, ya que sus sistemas judiciales lo permiten, con el aval de médicos y los propios parientes de la víctima.

Un tema tabú que hoy está presente de manera larvada en muchas sociedades modernas que, mientras disfrutan de los beneficios de tanta tecnología de punta, sostienen prácticas más cercanas al medioevo que a nuestra moderna realidad de pantallas interactivas.

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